El número 126 de Ecuador Debate, titulado “Violencias que capturan”, se inscribe en un contexto regional y nacional marcado por la intensificación de múltiples formas de violencia que atraviesan la vida social, política y económica. Desde la reconfiguración autoritaria del poder y el avance de agendas punitivistas, hasta la profundización de desigualdades estructurales, los textos reunidos en esta edición analizan cómo la violencia se convierte en un dispositivo de control, exclusión y disciplinamiento. Lejos de ser fenómenos aislados, estas dinámicas se articulan con transformaciones más amplias del orden global, el debilitamiento de las democracias y la erosión de los sistemas de protección social.
El Tema Central de esta edición se enfoca en las juventudes y las infancias como espacios en los que la violencia se reproduce y se afianza. Los artículos que lo conforman analizan, desde distintos contextos nacionales, cómo niñas, niños y adolescentes son expuestos a procesos de reclutamiento, criminalización, estigmatización y control punitivo, en escenarios donde el Estado aparece más como agente de coerción que como garante de derechos. Al mismo tiempo, se examinan las narrativas morales y políticas que legitiman estas prácticas, así como las respuestas institucionales que, bajo el discurso de la seguridad, profundizan la vulnerabilidad de quienes deberían ser sujetos prioritarios de protección.
El año 2025 fue una montaña rusa para Daniel Noboa. Tras una reelección aplastante en abril, que pareció funcionar como plebiscito a sus políticas de mano dura, su audacia se topó con un freno en noviembre. Decidido convocó una consulta popular para una asamblea constituyente casi al mismo tiempo que eliminaba el subsidio al diésel. El resultado fue una derrota aplastante e inesperada. El análisis revela que el electorado que en abril le había concedido un “voto prestado” o un plazo de benevolencia, particularmente en la Sierra y la Amazonía, le retiró su apoyo. El giro fue decisivo: la violación de la promesa de no subir el diésel y la represión del subsiguiente Paro Nacional agotaron la expectativa de mejora entre los sectores más pobres, rurales e indígenas. La derrota expuso la impopularidad de la agenda neoliberal y la fragilidad de un gobierno sin éxitos en seguridad ni gestión.
Se examinan aspectos destacados recientes, por un lado, en el escenario internacional y, por el otro, en América Latina. Se analizan contenidos y posiciones de la administración Trump, con especial atención a su estrategia de seguridad y su nueva versión de la doctrina Monroe para América Latina. Esto, junto a otros cambios internacionales relevantes, desembocan en el final del anterior orden global basado en propósitos comerciales e ideales liberales, y en una diseminación de políticas de extrema derecha. Se repasan cambios recientes en la política latinoamericana, donde también se registró un viraje hacia la extrema derecha. En el nuevo contexto se predice una intensificación de la presión extractivista sobre América Latina, mientras se debilitan las salvaguardas y frenos para enfrentarlas, tanto a nivel internacional como dentro de los países. Se prioriza mantener las economías mientras se tolera la muerte de personas y la destrucción de la Naturaleza.
Entre julio y octubre de 2025 se registraron 448 episodios de conflictividad sociopolítica en Ecuador, cifra que duplica la del cuatrimestre anterior y marca un quiebre con la tendencia de estabilidad relativa observada previamente. La conflictividad estuvo protagonizada principalmente por actores indígenas y organizaciones de la sociedad civil, evidenciando un desplazamiento desde demandas locales por servicios hacia confrontaciones de carácter estructural y de alcance nacional. En términos territoriales, los impactos se situaron principalmente en escalas provincial y regional, superando el carácter local del ciclo previo. La gestión estatal se apoyó fundamentalmente en la intervención de fuerzas militares y policiales, lo que refleja una creciente militarización de la respuesta pública. Los desenlaces muestran un debilitamiento de los mecanismos de resolución pacífica, con la represión (56,5%) como respuesta dominante frente a la negociación o la no resolución administrativa.
Este ensayo parte de la hipótesis de que la banda juvenil, diferenciándola de las redes del crimen organizado, constituye un espacio esencial para la socialización de los menores de sectores marginales, excluidos de la política y de la sociocultura dominantes. Después de presentar las etapas de estructuración subjetiva de los niños, niñas y adolescentes en situación de precariedad, con su dimensión simbólica que teje el lazo social, se estudian la función de la banda juvenil y sus aportes identitarios, además de réditos económicos, pero también las prácticas de violencia que suscita. Se concluye el análisis, indicando que una salida de esta situación de anomia solo será posible si se ofrecen a la juventud alternativas sociopolíticas y culturales para sacarla de la segregación y darle un lugar en la convivencia comunitaria.
El estado de inseguridad y de violencias que enfrenta el Ecuador genera espacios de desprotección para toda la población, con especial preocupación en el caso de niños, niñas y adolescentes (NNA), quienes son las principales víctimas en su condición de grupos vulnerables. Su estado de indefensión, vulnerabilidad y desprotección les hace ante los grupos delictivos un blanco fácil para ser reclutados y utilizados en el cometimiento de actos delictivos y no delictivos −campaneros, cocineros, limpiadores, cuidadores−. La criminalidad en el Ecuador ha ido en aumento y con ello el número de familias que han tenido que desplazarse internamente por miedo e inseguridad. Un factor todavía vigente, cuyos efectos siguen impactando en el incremento de las violencias y en el fortalecimiento de los grupos de crimen organizado, fue la pandemia de covid-19. Es necesario además considerar que los sistemas integrales de protección y de justicia han carecido de una adecuada articulación para responder al reclutamiento de NNA.
Este análisis se propone abordar el goce, el juego y la apropiación del espacio público desde las voces de los niños, niñas y adolescentes de cuatro barrios del cantón Esmeraldas. Sus voces, sueños y juegos se enuncian como actos de resistencia. El texto busca, fundamentalmente, colocar la mirada “a la altura de los niños”, a la luz del planteamiento de Francesco Tonucci, para entenderlos como sujetos activos que observan y [re]construyen sus propias realidades. La base de este estudio proviene del trabajo en territorio que dio origen al reportaje “Las voces de las niñas y los niños: otros mundos posibles en Esmeraldas”. Estas aproximaciones se realizaron en un marco de respeto y consentimiento, y fueron posibles gracias al acompañamiento de Nación de Paz y la Pastoral Social Cáritas de Esmeraldas, organizaciones enfocadas en la promoción de la paz.
El artículo analiza cómo la lógica prohibicionista y la política de drogas en Brasil conforman un sistema de desigualdades, criminalización selectiva y precarización de la vida de jóvenes −sobre todo pobres, negros e indígenas− expuestos a situaciones de vulnerabilidad y letalidad. La llamada “guerra contra las drogas” no reduce el tráfico; por el contrario, lo reorganiza, fortalece a las facciones criminales y legitima prácticas de control territorial y letalidad policial. En un contexto marcado por el desempleo, la ausencia del Estado y el racismo estructural, el microtráfico aparece como una oportunidad, convirtiendo a la juventud en mano de obra desechable y prescindible. Este proceso culmina en un juvenicidio, en el cual el Estado administra quién puede vivir y quién debe morir, transformando a estos jóvenes en un blanco permanente de represión y muerte. El prohibicionismo opera como gestión de los cuerpos racializados y profundiza las desigualdades sociales.
Este artículo focaliza en los modos y prácticas del castigo que se institucionalizan como parte de la política estatal securitaria en el actual gobierno de derecha extrema encabezado por Javier Milei en la Argentina. El procedimiento metodológico sigue las pautas del análisis de contenido de fuentes documentales de datos, con eje en las intervenciones públicas del presidente argentino. Se concluye que mediante tácticas discursivas específicas Milei exacerba el sentido común punitivista que permea las subjetividades de amplios sectores de la ciudadanía. Se observa un modo de punitivismo duro ejercido centralmente para reprimir la protesta social frente al ajuste y el modelo económico en consolidación, que no sólo es validado sino celebrado a través de una suerte de goce frente al dolor de determinadas otredades despreciadas. La hipótesis que se propone es que actualmente Argentina transita una era política de “institucionalización de la crueldad”.
Desde 1990, el movimiento indígena ecuatoriano emplea una forma de levantamiento que incide estructuralmente en la movilidad, las redes productivas y el orden socioeconómico nacional. Este mecanismo de resistencia denominado paro nacional refleja la capacidad de incidencia de las organizaciones indígenas, así como sus objetivos en cada momento histórico. El presente artículo no busca analizar estos aspectos, sino comprender su funcionamiento. A primera vista, parecería que el paro nacional ha de afectar con mayor dureza a la población indígena por ser la que presenta un mayor nivel de pobreza y vulnerabilidad. Sin embargo, nuestra tesis es que hay una relación directa entre la lógica de este tipo de levantamiento y la estructura económica de la mayor parte de la base social del movimiento indígena: población rural campesina cuya agricultura se destina al autoconsumo. Planteamos que esta cualidad le permite enfrentar el colapso económico que genera el paro durante más tiempo que la población urbana o descampesinizada, sea cual sea su nivel socioeconómico, y eso es lo que le da opciones de éxito. El trabajo se sustenta en una investigación etnológica de largo recorrido realizada en un territorio rural del norte de Ecuador de población kichwa.
En Ecuador, la ideología del mestizaje ha dado lugar a la negación o minimización del racismo contra los pueblos indígenas y afrodescendientes. Esta coexiste, sin embargo, con una conciencia sobre la diferencia racializada. Si bien el racismo se minimiza y naturaliza la mayor parte del tiempo, en este artículo propongo que debemos considerar las circunstancias que pueden generar conciencia y una denuncia pública contra este. Comparando dos casos que involucran a personas afrodescendientes e indígenas en conflicto con actores externos, analizo el papel que desempeñan las diferentes formas de violencia en el reconocimiento público del racismo. Sostengo que los conflictos físicos violentos pueden romper el silencio sobre el racismo de Estado, mientras que las formas difusas o lentas de violencia pueden provocar que las denuncias explícitas pasen a un segundo plano.
A partir del concepto de mito en Mariátegui, y de los enfoques de Sorel y Gramsci, se pretende dilucidar los elementos que cohesionan las identidades de dos actores de la lucha política en Ecuador: el movimiento indígena y el progresismo. El primero articulado en torno a la identidad comunitaria del movimiento indígena, que se extiende como factor de cohesión de pueblos y nacionalidades. El segundo se articula, en torno al liderazgo de Rafael Correa, una figura mítica de un movimiento nacional popular de carácter mestizo, que simboliza al Estado con una propuesta neodesarrollista y una narrativa histórica que recrea la figura de Eloy Alfaro. Los dos mitos se polarizan y tienen dificultades para articularse en la lucha política en Ecuador.
